LA LEGITIMACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL

     Como consecuencia de este proceso de revitalización cultural iniciado por las organizaciones indígenas y propiciado desde diversas instancias sociales, estatales y académicas , Colombia, como la mayoría de los países de la región latinoamericana, se definió en la nueva Carta Constitucional de 1.991, como un país pluriétnico y multilingüe. En efecto, en el territorio nacional conviven 83 culturas diversas, además de la hegemónica y se hablan más de 64 idiomas y una gran variedad de dialectos (quizás 200), que aún superviven.  En efecto, cada vez es más frecuente encontrar, por ejemplo en las universidades, entidades y representaciones de gobierno, a indígenas con sus trajes tradicionales, interactuando en un ámbito de respeto y armonía con las demás personas. Es así como, por ejemplo y entre muchas otras, la Ley 135 de 1.961 sobre Reforma Social Agraria, abrió una puerta a la proliferación de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades indígenas, mediante la modalidad de Resguardo como propiedad colectiva de la tierra. El Decreto 1142 de 1.978 emanado del Ministerio de Educación Nacional, propició el diseño y ejecución de programas denominados de Etnoeducación, a partir de las características y necesidades de las poblaciones indígenas. A su vez el Ministerio de Salud emitió en 1.990 el Decreto 1811 otorgando algunas prebendas en atención en salud a los miembros de las comunidades indígenas.

 En 1.985, mediante la Resolución 014 se creó la Unidad de Asuntos Indígenas en el entonces Ministerio de Gobierno. (Roldán & Gómez: 1.994) 5 Por ejemplo, mediante el Decreto 2230 de 1.986, se creó el Comité Nacional de Lingüística Aborigen de carácter inter sectorial, que dio lugar a una serie de investigaciones sobre los idiomas o las lenguas indígenas, a la elaboración de programas de Especialización y Maestría en universidades como los Andes y del Cauca y a la conformación del CCELA (Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes, con el apoyo del RCSS de Francia). 6 Los 83 grupos étnicos se encuentran conformados de la siguiente manera: 81 pueblos Indígenas y uno afro descendiente (que a su vez, comprende diversas expresiones culturales: dos de ellas con idioma propio - Archipiélago de San Andrés y Providencia, cuya lengua es el creole, de base inglesa y la de San Basilio de Palenque en el Departamento de Bolívar cuyo idioma es igualmente el creole, pero de base española- y una ubicada a lo largo, Es así como dicha Constitución contiene alrededor de 30 artículos orientados a la legitimación de los grupos étnicos como culturas y colectivos con características particulares. En este sentido el gran agregado de la Constitución de 1.991, fue la concreción y expresión normativa de la necesidad de fomentar en toda la sociedad relaciones de Mutualidad e interculturalidad, en vez de las de dominación de la sociedad hegemónica hacia las minorías étnicas. Además de los derechos a una educación acorde con sus propias cosmovisiones que afirme su identidad cultural, al respeto a la propiedad colectiva de la tierra y a la preservación de sus valores culturales, la nueva Constitución avaló el derecho de las autoridades de los pueblos indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con sus normas y procedimientos. Así mismo, reconoció modalidades especiales a los grupos étnicos para el ejercicio de sus derechos políticos, de manera que el país cuenta con representaciones de estos colectivos en el Senado, en el Congreso y en los diversos cuerpos colegiados sectoriales y locales. (Derechos de los Pueblos Indígenas: 2.002). Existen hoy en día también en Colombia partidos políticos con predominancia de población indígena (Alianza Social Indígena, Movimiento de autoridades Indígenas y Movimiento Indígena, entre otros) que han ganado elecciones populares como diputados y alcaldes, además de, recientemente, la gobernación del Departamento del Cauca en el sur occidente colombiano. Adicionalmente, los Planes de Desarrollo de los gobiernos, desde el período 1.994-1.998 hasta la fecha, han explicitado la necesidad de consolidar y favorecer los derechos de los pueblos indígenas garantizando su participación en los diversos espacios de la vida nacional, reconociendo sus propios sistemas de control y regulación social y creando otros espacios orientados a respetar sus características. En este ámbito, se han diseñado igualmente programas y proyectos (Programa de Apoyo y Fortalecimiento Étnico de los Pueblos Indígenas de Colombia, 1.995-1.998, y, el alcance gubernamental al Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, CIDH, 1.997) para procurar la articulación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional, la vinculación a programas gubernamentales encaminados al desarrollo social y económico del país y la conformación de las ETI(Entidades Territoriales Indígenas), de acuerdo con el re ordenamiento territorial del país, promulgado desde la Constitución del 91. En este mismo sentido Colombia ha sido enfático en el reconocimiento de los siguientes derechos a los pueblos indígenas: a su identidad, al territorio, a la autonomía (gobierno, justicia, educación, salud, etc.), a la participación y consulta y al propio desarrollo mediante una relación de interculturalidad con la sociedad mayoritaria. (Ibíd. 2.002). Para garantizar el ejercicio de dichos derechos, el gobierno nacional creó en 1996 la Comisión de Derechos Humanos de los pueblos Indígenas, dependiendo del Ministerio del Interior, con representatividad de organizaciones indígenas. En cuanto a la educación, mediante el Acta 115 de 1.996 el Ministerio de Educación Nacional asumió el Programa Nacional de Etnoeducación como alternativa para los grupos étnicos del país y actualmente son más de 200 los indígenas que adelantan programas educativos superiores, tanto en universidades públicas como privadas (Nacional, Cauca, Antioquia, Amazonia, Externado, Javeriana y Andes). En materia de salud, el Ministerio de Protección Social viene trabajando conjuntamente con representantes indígenas en la reglamentación de la Ley 691 de 2.001 referida a su participación en el sistema de seguridad social en y ancho del país). Finalmente, el pueblo ROM (Gitano), de reciente reconocimiento, ubicado principalmente en 6 de los 32 departamentos del país y en Bogotá.  Salud, para la conformación y administración por parte de ellos de las entidades prestadoras de estos servicios. En el tema de las tierras, el gobierno nacional ha venido tomando medidas desde 1.993 para incrementar su reconocimiento por parte de las poblaciones indígenas y las comunidades afro descendientes. Mientras en 1.993 existían 302 Resguardos para 310.000 personas, en 1.996 esta cifra ascendió a 408 resguardos con un cubrimiento de cerca del 80% de la población indígena. En la actualidad, del área total del país que es de 1’142.141,563 km2 corresponden a zonas de Resguardos Indígenas 254.879,15 km2, (equivalentes al 22,32% del territorio nacional), distribuidos en 700 Resguardos, 733.477 personas y 158.276 familias. (Anexo 1, Colombia: Resguardos Indígenas según Regiones y Departamentos, 2005). Por su parte el área total de Comunidades Negras llega hoy en día a los 47.172,71 km2, (4,13% del área total nacional) para 1.219 comunidades, 52.690 familias y 28.1321 personas. Lo anterior significa que en total las tierras sobre las que tienen propiedad colectiva, bien los pueblos indígenas o las Comunidades Negras, asciende en total a 302.051,86 Km2, lo que representa un 26,45% del área de todo el territorio nacional (DANE: 2005). En 1.996, mediante Decreto 1397, el gobierno nacional creó la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social), como ente de carácter mixto (miembros de gobierno y representantes indígenas), encargado de concertar la constitución, ampliación, re estructuración y saneamiento de Resguardos.

 LA REALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

     Pese al cúmulo de normas y actos administrativos anteriormente señalados, en la práctica, los logros frente a la posibilidad de relaciones de Mutualidad e interculturalidad de los pueblos indígenas y de los grupos étnicos en general, en relación con la sociedad hegemónica, 14 años después de la Constitución Nacional, son escasos, diversos y desventajosos en mayor o menor grado, dependiendo del grupo étnico de que se trate (Pueblos indígenas, comunidades negras o afro descendientes y el pueblo ROM, Gitano).

LA EDUCACIÓN

      Aunque la Ley 115 de 1.994 asumió y definió la Etnoeducación como una alternativa educativa que partiendo de las características de las propias culturas, posibilita el acceso a los conocimientos en un ámbito de equidad, la Ley 715 de 2.001 del Sistema General de Participaciones, que propone la unificación de establecimientos educativos como parte del proceso de des centralización del Estado, desconoce la situación de diversidad cultural, especialmente en la Amazonia y Orinoquia Colombianas. Así mismo, la terminación del Programa de Etnoeducación como tal en el Ministerio de Educación en 2002, después de 18 años de funcionamiento, puso en evidencia el desinterés del Estado por este tipo de acciones (Defensoría del Pueblo: 2.002). En el Censo 93, la mayoría de la población indígena, expresó que hablaba español (78,6%). Es monolingüe en su idioma el 21,4%, el 27,3% lo es en castellano y el 51,2% se declaró bilingüe. Aunado a lo anterior, la situación educativa de las comunidades indígenas también es desventajosa frente a la sociedad hegemónica. De acuerdo con el Censo 93, mientras la tasa de escolaridad de los pueblos indígenas (entre 5 y 24 años) es de 31,2, la nacional es de 56,9. De forma similar, el 24,7% de la 7 Pese a lo extenso que pudiera parecer esta territorialidad frente a la proporción de población que la ocupa, (cerca del 3% del total nacional), debe tenerse en cuenta que los suelos no siempre poseen las mejores características en cuanto a calidad, dado que gran parte de ellos están conformadas por zonas tropicales, rocosas y de desiertos. Además, son justamente las áreas donde el conflicto armado ha tenido lugar.  población indígena es analfabeta, mientras que para el resto del país lo es el 12,7%, es decir, el doble. La situación de analfabetismo se agudiza en las áreas rurales indígenas, donde se encuentran porcentajes de analfabetismo que van del 42,4% en el Departamento del Meta, hasta el 62,8% en el Departamento de Antioquia, siendo 10 los departamentos donde se encuentra esta circunstancia. (DANE, Análisis de Resultados: 2.000). Finalmente, según la misma fuente, el 35,8% de la población indígena no había tenido acceso a la educación en 1.993. Des afortunadamente, no existen censos educativos de los pueblos indígenas que den cuenta de la situación de otros indicadores como deserción, retención y repetición, además de la calidad de la educación impartida en las comunidades indígenas y su relación con las características culturales y sus necesidades. (Óp., Cit., 2002)

LA TERRITORIALIDAD

    En cuanto al proceso de reconocimiento de propiedad de la tierra y su administración por parte de los pueblos indígenas, cabe mencionar que desde hace unos 5 años, esas tierras son violentadas y desconocidas, bien por colonos, por los actores del conflicto armado, tanto guerrilla como grupos paramilitares y por el narcotráfico. Esta situación ha hecho también que tierras ya reconocidas, sean nuevamente motivo de enfrentamientos, amenazas, atentados y hostigamientos. (Derechos de los Pueblos Indígenas: 2002) Pese a que se han presentado a la fecha ante el Congreso de la República tres proyectos para la conformación de las ETI, uno de los cuales fue elaborado mediante consulta en todo el territorio nacional por los mismos indígenas, no ha sido posible su sentencia definitiva. Existen así mismo mega proyectos que de hecho han afectado a las comunidades indígenas y que podrían seguir haciéndolo Entre ellos sobresalen la explotación de petróleo en territorio de los U’wa en el centro oriente del país, que no fue consultada con representantes de las comunidades indígenas, tal como lo estipula la misma Constitución Política Nacional en su Artículo 330. La construcción de la represa de Urrá en el Departamento de Córdoba, alto Sinú, ubicado al norte del país, que no solamente ha propiciado la descomposición cultural, social, educativa y de las condiciones de salud de la comunidad Embera Katío, sino el deterioro de sus tierras, de la fauna y de la flora, fortaleciendo las relaciones de dependencia de dicho pueblo con la sociedad hegemónica. Otros mega proyectos previstos como el del Chocó, el Darién, la construcción de la carretera entre Colombia y Panamá y el Canal Interoceánico, pueden presentar serios riesgos para los pobladores indígenas y afro descendientes, dado que las riquezas contenidas en esas tierras, ubicados en zonas de selva frágil y ciénagas, pueden vulnerar seriamente la supervivencia de dichos grupos de población Esta circunstancia, no solamente ha permitido fortalecer dichos procesos, sino auscultarlos, analizarlos y orientarlos en sus diferentes componentes a través de asesorías puntuales por parte de especialistas y la apertura de espacios de discusión y concertación. Así, la consideración de los grupos étnicos en todos los sectores de la vida nacional, en términos de participación en la toma de decisiones, aunque aún no es suficiente, ha venido tomando cada vez más espacios y ha sido posible también gracias al establecimiento de políticas como por ejemplo, las emanadas desde organismos como FNUAP, CELADE, el BID y el BM, entre otros, orientadas a la inclusión social de todos aquellos conglomerados humanos que históricamente y por diversas circunstancias, han sido objeto de expresiones de xenofobia, genocidio y etnocidio por parte de las sociedades hegemónicas. La reunión que ahora tenemos, es un claro ejemplo de esta situación. De forma paralela, desde ámbitos como la academia y la investigación social, se han venido presentado postulados que llevan a demostrar, por ejemplo, cómo los ordenamientos culturales vigentes (como elaboraciones humanas que son), pueden modificarse en términos de respeto por el otro y de igualdad de oportunidades para todas las personas, de manera que podamos todos, en igualdad de condiciones, acceder a los conocimientos, saberes, bienes y servicios producidos por la humanidad en su conjunto y para ella. Dentro de estos postulados, sobresale igualmente la invitación a todas las personas de abandonar clasificaciones tradicionalmente discriminatorias, como por ejemplo las de “raza”, pueblos “inferiores” y “superiores”, sociedades “avanzadas” y en “vías de desarrollo”, etc. La misión de los Institutos de Estadística de los países, encaminada básicamente a obtener y proporcionar información confiable y oportuna a sus respectivos gobiernos para diseñar, entre otros, sus planes y programas en los diversos sectores de la sociedad, han llevado a que diversos organismos internacionales hayan realizado relevantes eventos en torno al tema en cuestión. Fue así como en 1.994, CELADE, CIDOB, FNUAP e ICI llevaran a cabo en Santiago de Chile el Seminario sobre Estudios Socio demográficos de Pueblos Indígenas. Así mismo en 2.000 el BM, FNUAP y el BID patrocinaron en Cartagena de Indias, Colombia, el I Encuentro Internacional, Todos Contamos: Los Grupos Étnicos en los Censos y en el año 2.002, las mismas entidades facilitaron a través del INEI de Perú, la realización en Lima, del II Encuentro Todos Contamos: Los Censos y la Inclusión Social. El respeto por las diferencias y la equidad de los pueblos, requiere que a partir de la información censal, se diseñen indicadores adecuados a las características y a las condiciones de vida de los grupos étnicos de manera específica, sin que ello signifique prescindir de elementos que permitan comparaciones entre ellos y con la sociedad en su conjunto. De allí la importancia de que tanto los pueblos indígenas, como los grupos afro descendientes y el pueblo ROM (Gitano), participen activamente en la determinación de las variables básicas que permitan captar sus particularidades socio demográficas. Su presencia en los 18 proyectos censales no se debe limitar a la etapa de recolección de la información, pues sus insumos son también claves en la definición de estrategias de utilización y difusión de dicha información. En este mismo sentido, es necesario diseñar programas de capacitación orientados a los grupos étnicos como usuarios principales de la información censal, en beneficio de sus planes de vida. Aunado a lo anterior, la elaboración de encuestas específicas que profundicen sobre los marcos proporcionados por los censos de población, en aspectos tales como la mortalidad infantil, la fecundidad, la composición de los hogares, la territorialidad, la educación y las migraciones, entre otros, son fundamentales como tarea del DANE y de los investigadores interesados en esta problemática. Pese a todos los alcances de las normas existentes en Colombia, de las políticas orientadas a favorecer a los grupos étnicos en términos de equidad, y a los espacios de argumentación propiciados por los diferentes organismos internacionales, el problema no está resuelto. Más bien, son escenarios que confirman la complejidad de los obstáculos que se enfrentan en el camino de configurar nuevos ordenamientos basados en la MUTUALIDAD y en la INCLUSIÓN, sin que éstas signifiquen asimilación.

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.REFERENCIAS:

 Cassiani, A. (2007) “La interculturalidad: una búsqueda desde las propuestas educativas de las comunidades afro descendientes en Colombia” Revista Educación y Pedagogía, Vol. XIX, (48), mayo-agosto.

 Constitución Política de Colombia. (1991). Título I: De los principios fundamentales.

Martínez, R. (2009). Estudios sobre educación intercultural en Colombia: Tendencias y perspectivas. Barranquilla, Colombia.

Javier Terán Mendoza