LA LEGITIMACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS A PARTIR DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL
Como consecuencia de este proceso de revitalización cultural
iniciado por las organizaciones indígenas y propiciado desde diversas
instancias sociales, estatales y académicas , Colombia, como la mayoría de los
países de la región latinoamericana, se definió en la nueva Carta
Constitucional de 1.991, como un país pluriétnico y multilingüe. En efecto, en
el territorio nacional conviven 83 culturas diversas, además de la hegemónica y
se hablan más de 64 idiomas y una gran variedad de dialectos (quizás 200), que
aún superviven. En efecto, cada vez es
más frecuente encontrar, por ejemplo en las universidades, entidades y
representaciones de gobierno, a indígenas con sus trajes tradicionales,
interactuando en un ámbito de respeto y armonía con las demás personas. Es así
como, por ejemplo y entre muchas otras, la Ley 135 de 1.961 sobre Reforma
Social Agraria, abrió una puerta a la proliferación de la tenencia de la tierra
por parte de las comunidades indígenas, mediante la modalidad de Resguardo como
propiedad colectiva de la tierra. El Decreto 1142 de 1.978 emanado del
Ministerio de Educación Nacional, propició el diseño y ejecución de programas
denominados de Etnoeducación, a partir de las características y necesidades de
las poblaciones indígenas. A su vez el Ministerio de Salud emitió en 1.990 el
Decreto 1811 otorgando algunas prebendas en atención en salud a los miembros de
las comunidades indígenas.
En 1.985, mediante la
Resolución 014 se creó la Unidad de Asuntos Indígenas en el entonces Ministerio
de Gobierno. (Roldán & Gómez: 1.994) 5 Por ejemplo, mediante el Decreto
2230 de 1.986, se creó el Comité Nacional de Lingüística Aborigen de carácter
inter sectorial, que dio lugar a una serie de investigaciones sobre los idiomas
o las lenguas indígenas, a la elaboración de programas de Especialización y
Maestría en universidades como los Andes y del Cauca y a la conformación del
CCELA (Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes, con el apoyo del
RCSS de Francia). 6 Los 83 grupos étnicos se encuentran conformados de la
siguiente manera: 81 pueblos Indígenas y uno afro descendiente (que a su vez,
comprende diversas expresiones culturales: dos de ellas con idioma propio -
Archipiélago de San Andrés y Providencia, cuya lengua es el creole, de base
inglesa y la de San Basilio de Palenque en el Departamento de Bolívar cuyo
idioma es igualmente el creole, pero de base española- y una ubicada a lo
largo, Es así como dicha Constitución contiene alrededor de 30 artículos
orientados a la legitimación de los grupos étnicos como culturas y colectivos
con características particulares. En este sentido el gran agregado de la
Constitución de 1.991, fue la concreción y expresión normativa de la necesidad
de fomentar en toda la sociedad relaciones de Mutualidad e interculturalidad,
en vez de las de dominación de la sociedad hegemónica hacia las minorías
étnicas. Además de los derechos a una educación acorde con sus propias
cosmovisiones que afirme su identidad cultural, al respeto a la propiedad
colectiva de la tierra y a la preservación de sus valores culturales, la nueva
Constitución avaló el derecho de las autoridades de los pueblos indígenas a
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de acuerdo
con sus normas y procedimientos. Así mismo, reconoció modalidades especiales a
los grupos étnicos para el ejercicio de sus derechos políticos, de manera que
el país cuenta con representaciones de estos colectivos en el Senado, en el
Congreso y en los diversos cuerpos colegiados sectoriales y locales. (Derechos
de los Pueblos Indígenas: 2.002). Existen hoy en día también en Colombia
partidos políticos con predominancia de población indígena (Alianza Social
Indígena, Movimiento de autoridades Indígenas y Movimiento Indígena, entre
otros) que han ganado elecciones populares como diputados y alcaldes, además
de, recientemente, la gobernación del Departamento del Cauca en el sur
occidente colombiano. Adicionalmente, los Planes de Desarrollo de los
gobiernos, desde el período 1.994-1.998 hasta la fecha, han explicitado la
necesidad de consolidar y favorecer los derechos de los pueblos indígenas
garantizando su participación en los diversos espacios de la vida nacional,
reconociendo sus propios sistemas de control y regulación social y creando
otros espacios orientados a respetar sus características. En este ámbito, se
han diseñado igualmente programas y proyectos (Programa de Apoyo y
Fortalecimiento Étnico de los Pueblos Indígenas de Colombia, 1.995-1.998, y, el
alcance gubernamental al Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, CIDH, 1.997) para procurar la articulación de la
jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional, la vinculación a
programas gubernamentales encaminados al desarrollo social y económico del país
y la conformación de las ETI(Entidades Territoriales Indígenas), de acuerdo con
el re ordenamiento territorial del país, promulgado desde la Constitución del
91. En este mismo sentido Colombia ha sido enfático en el reconocimiento de los
siguientes derechos a los pueblos indígenas: a su identidad, al territorio, a
la autonomía (gobierno, justicia, educación, salud, etc.), a la participación y
consulta y al propio desarrollo mediante una relación de interculturalidad con
la sociedad mayoritaria. (Ibíd. 2.002). Para garantizar el ejercicio de dichos
derechos, el gobierno nacional creó en 1996 la Comisión de Derechos Humanos de
los pueblos Indígenas, dependiendo del Ministerio del Interior, con
representatividad de organizaciones indígenas. En cuanto a la educación,
mediante el Acta 115 de 1.996 el Ministerio de Educación Nacional asumió el
Programa Nacional de Etnoeducación como alternativa para los grupos étnicos del
país y actualmente son más de 200 los indígenas que adelantan programas
educativos superiores, tanto en universidades públicas como privadas (Nacional,
Cauca, Antioquia, Amazonia, Externado, Javeriana y Andes). En materia de salud,
el Ministerio de Protección Social viene trabajando conjuntamente con
representantes indígenas en la reglamentación de la Ley 691 de 2.001 referida a
su participación en el sistema de seguridad social en y ancho del país).
Finalmente, el pueblo ROM (Gitano), de reciente reconocimiento, ubicado
principalmente en 6 de los 32 departamentos del país y en Bogotá. Salud, para la conformación y administración
por parte de ellos de las entidades prestadoras de estos servicios. En el tema
de las tierras, el gobierno nacional ha venido tomando medidas desde 1.993 para
incrementar su reconocimiento por parte de las poblaciones indígenas y las
comunidades afro descendientes. Mientras en 1.993 existían 302 Resguardos para
310.000 personas, en 1.996 esta cifra ascendió a 408 resguardos con un
cubrimiento de cerca del 80% de la población indígena. En la actualidad, del
área total del país que es de 1’142.141,563 km2 corresponden a zonas de
Resguardos Indígenas 254.879,15 km2, (equivalentes al 22,32% del territorio
nacional), distribuidos en 700 Resguardos, 733.477 personas y 158.276 familias.
(Anexo 1, Colombia: Resguardos Indígenas según Regiones y Departamentos, 2005).
Por su parte el área total de Comunidades Negras llega hoy en día a los
47.172,71 km2, (4,13% del área total nacional) para 1.219 comunidades, 52.690
familias y 28.1321 personas. Lo anterior significa que en total las tierras
sobre las que tienen propiedad colectiva, bien los pueblos indígenas o las
Comunidades Negras, asciende en total a 302.051,86 Km2, lo que representa un
26,45% del área de todo el territorio nacional (DANE: 2005). En 1.996, mediante
Decreto 1397, el gobierno nacional creó la Comisión Nacional de Territorios
Indígenas (adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social), como
ente de carácter mixto (miembros de gobierno y representantes indígenas),
encargado de concertar la constitución, ampliación, re estructuración y
saneamiento de Resguardos.
LA REALIDAD DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
Pese al cúmulo de
normas y actos administrativos anteriormente señalados, en la práctica, los
logros frente a la posibilidad de relaciones de Mutualidad e interculturalidad
de los pueblos indígenas y de los grupos étnicos en general, en relación con la
sociedad hegemónica, 14 años después de la Constitución Nacional, son escasos,
diversos y desventajosos en mayor o menor grado, dependiendo del grupo étnico
de que se trate (Pueblos indígenas, comunidades negras o afro descendientes y
el pueblo ROM, Gitano).
LA EDUCACIÓN
Aunque la Ley 115 de 1.994 asumió y definió la
Etnoeducación como una alternativa educativa que partiendo de las
características de las propias culturas, posibilita el acceso a los
conocimientos en un ámbito de equidad, la Ley 715 de 2.001 del Sistema General
de Participaciones, que propone la unificación de establecimientos educativos
como parte del proceso de des centralización del Estado, desconoce la situación
de diversidad cultural, especialmente en la Amazonia y Orinoquia Colombianas.
Así mismo, la terminación del Programa de Etnoeducación como tal en el Ministerio
de Educación en 2002, después de 18 años de funcionamiento, puso en evidencia
el desinterés del Estado por este tipo de acciones (Defensoría del Pueblo:
2.002). En el Censo 93, la mayoría de la población indígena, expresó que
hablaba español (78,6%). Es monolingüe en su idioma el 21,4%, el 27,3% lo es en
castellano y el 51,2% se declaró bilingüe. Aunado a lo anterior, la situación
educativa de las comunidades indígenas también es desventajosa frente a la
sociedad hegemónica. De acuerdo con el Censo 93, mientras la tasa de
escolaridad de los pueblos indígenas (entre 5 y 24 años) es de 31,2, la
nacional es de 56,9. De forma similar, el 24,7% de la 7 Pese a lo extenso que
pudiera parecer esta territorialidad frente a la proporción de población que la
ocupa, (cerca del 3% del total nacional), debe tenerse en cuenta que los suelos
no siempre poseen las mejores características en cuanto a calidad, dado que
gran parte de ellos están conformadas por zonas tropicales, rocosas y de
desiertos. Además, son justamente las áreas donde el conflicto armado ha tenido
lugar. población indígena es analfabeta,
mientras que para el resto del país lo es el 12,7%, es decir, el doble. La
situación de analfabetismo se agudiza en las áreas rurales indígenas, donde se
encuentran porcentajes de analfabetismo que van del 42,4% en el Departamento
del Meta, hasta el 62,8% en el Departamento de Antioquia, siendo 10 los
departamentos donde se encuentra esta circunstancia. (DANE, Análisis de
Resultados: 2.000). Finalmente, según la misma fuente, el 35,8% de la población
indígena no había tenido acceso a la educación en 1.993. Des afortunadamente, no
existen censos educativos de los pueblos indígenas que den cuenta de la
situación de otros indicadores como deserción, retención y repetición, además
de la calidad de la educación impartida en las comunidades indígenas y su
relación con las características culturales y sus necesidades. (Óp., Cit.,
2002)
LA TERRITORIALIDAD
En cuanto al
proceso de reconocimiento de propiedad de la tierra y su administración por
parte de los pueblos indígenas, cabe mencionar que desde hace unos 5 años, esas
tierras son violentadas y desconocidas, bien por colonos, por los actores del
conflicto armado, tanto guerrilla como grupos paramilitares y por el narcotráfico.
Esta situación ha hecho también que tierras ya reconocidas, sean nuevamente
motivo de enfrentamientos, amenazas, atentados y hostigamientos. (Derechos de
los Pueblos Indígenas: 2002) Pese a que se han presentado a la fecha ante el
Congreso de la República tres proyectos para la conformación de las ETI, uno de
los cuales fue elaborado mediante consulta en todo el territorio nacional por
los mismos indígenas, no ha sido posible su sentencia definitiva. Existen así
mismo mega proyectos que de hecho han afectado a las comunidades indígenas y que
podrían seguir haciéndolo Entre ellos sobresalen la explotación de petróleo en
territorio de los U’wa en el centro oriente del país, que no fue consultada con
representantes de las comunidades indígenas, tal como lo estipula la misma
Constitución Política Nacional en su Artículo 330. La construcción de la
represa de Urrá en el Departamento de Córdoba, alto Sinú, ubicado al norte del
país, que no solamente ha propiciado la descomposición cultural, social,
educativa y de las condiciones de salud de la comunidad Embera Katío, sino el
deterioro de sus tierras, de la fauna y de la flora, fortaleciendo las
relaciones de dependencia de dicho pueblo con la sociedad hegemónica. Otros
mega proyectos previstos como el del Chocó, el Darién, la construcción de la
carretera entre Colombia y Panamá y el Canal Interoceánico, pueden presentar
serios riesgos para los pobladores indígenas y afro descendientes, dado que las
riquezas contenidas en esas tierras, ubicados en zonas de selva frágil y
ciénagas, pueden vulnerar seriamente la supervivencia de dichos grupos de
población Esta circunstancia, no solamente ha permitido fortalecer dichos
procesos, sino auscultarlos, analizarlos y orientarlos en sus diferentes
componentes a través de asesorías puntuales por parte de especialistas y la
apertura de espacios de discusión y concertación. Así, la consideración de los
grupos étnicos en todos los sectores de la vida nacional, en términos de
participación en la toma de decisiones, aunque aún no es suficiente, ha venido
tomando cada vez más espacios y ha sido posible también gracias al
establecimiento de políticas como por ejemplo, las emanadas desde organismos
como FNUAP, CELADE, el BID y el BM, entre otros, orientadas a la inclusión
social de todos aquellos conglomerados humanos que históricamente y por
diversas circunstancias, han sido objeto de expresiones de xenofobia, genocidio
y etnocidio por parte de las sociedades hegemónicas. La reunión que ahora
tenemos, es un claro ejemplo de esta situación. De forma paralela, desde
ámbitos como la academia y la investigación social, se han venido presentado
postulados que llevan a demostrar, por ejemplo, cómo los ordenamientos
culturales vigentes (como elaboraciones humanas que son), pueden modificarse en
términos de respeto por el otro y de igualdad de oportunidades para todas las
personas, de manera que podamos todos, en igualdad de condiciones, acceder a
los conocimientos, saberes, bienes y servicios producidos por la humanidad en
su conjunto y para ella. Dentro de estos postulados, sobresale igualmente la
invitación a todas las personas de abandonar clasificaciones tradicionalmente
discriminatorias, como por ejemplo las de “raza”, pueblos “inferiores” y
“superiores”, sociedades “avanzadas” y en “vías de desarrollo”, etc. La misión
de los Institutos de Estadística de los países, encaminada básicamente a
obtener y proporcionar información confiable y oportuna a sus respectivos
gobiernos para diseñar, entre otros, sus planes y programas en los diversos
sectores de la sociedad, han llevado a que diversos organismos internacionales
hayan realizado relevantes eventos en torno al tema en cuestión. Fue así como
en 1.994, CELADE, CIDOB, FNUAP e ICI llevaran a cabo en Santiago de Chile el
Seminario sobre Estudios Socio demográficos de Pueblos Indígenas. Así mismo en
2.000 el BM, FNUAP y el BID patrocinaron en Cartagena de Indias, Colombia, el I
Encuentro Internacional, Todos Contamos: Los Grupos Étnicos en los Censos y en
el año 2.002, las mismas entidades facilitaron a través del INEI de Perú, la
realización en Lima, del II Encuentro Todos Contamos: Los Censos y la Inclusión
Social. El respeto por las diferencias y la equidad de los pueblos, requiere
que a partir de la información censal, se diseñen indicadores adecuados a las
características y a las condiciones de vida de los grupos étnicos de manera
específica, sin que ello signifique prescindir de elementos que permitan
comparaciones entre ellos y con la sociedad en su conjunto. De allí la
importancia de que tanto los pueblos indígenas, como los grupos afro descendientes
y el pueblo ROM (Gitano), participen activamente en la determinación de las
variables básicas que permitan captar sus particularidades socio demográficas.
Su presencia en los 18 proyectos censales no se debe limitar a la etapa de
recolección de la información, pues sus insumos son también claves en la
definición de estrategias de utilización y difusión de dicha información. En
este mismo sentido, es necesario diseñar programas de capacitación orientados a
los grupos étnicos como usuarios principales de la información censal, en
beneficio de sus planes de vida. Aunado a lo anterior, la elaboración de
encuestas específicas que profundicen sobre los marcos proporcionados por los
censos de población, en aspectos tales como la mortalidad infantil, la
fecundidad, la composición de los hogares, la territorialidad, la educación y
las migraciones, entre otros, son fundamentales como tarea del DANE y de los
investigadores interesados en esta problemática. Pese a todos los alcances de
las normas existentes en Colombia, de las políticas orientadas a favorecer a
los grupos étnicos en términos de equidad, y a los espacios de argumentación
propiciados por los diferentes organismos internacionales, el problema no está
resuelto. Más bien, son escenarios que confirman la complejidad de los
obstáculos que se enfrentan en el camino de configurar nuevos ordenamientos
basados en la MUTUALIDAD y en la INCLUSIÓN, sin que éstas signifiquen
asimilación.
https://www.google.com/url?
.REFERENCIAS:
Cassiani, A. (2007)
“La interculturalidad: una búsqueda desde las propuestas educativas de las
comunidades afro descendientes en Colombia” Revista Educación y Pedagogía, Vol.
XIX, (48), mayo-agosto.
Constitución Política
de Colombia. (1991). Título I: De los principios fundamentales.
Martínez, R. (2009). Estudios sobre educación intercultural
en Colombia: Tendencias y perspectivas. Barranquilla, Colombia.
Javier Terán Mendoza
