En el año 1982 se despenalizó de la homosexualidad, lo que
se califica como un gran logro por parte del movimiento social. En el año 1997,
en el informe sobre los Derechos Humanos, se realizó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el
tema de los abusos y las agresiones a la población LGBTI, se señala como “motivo
de preocupación” Y en marzo de 2007 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra se
adoptaron un documento contiene una serie de principios legales para garantizar
las leyes internacionales de Derechos Humanos
en relación a la orientación sexual y la identidad de género y establece los
estándares básicos para que las Naciones
Unidas y los Estados avancen en la protección de los Derechos Humanos de las personas LGBTI.
En el año 2008 Bogotá fue
la primera ciudad del país y de la región en implementar una política pública
que reconociera la discriminación de la cual es objeto la comunidad LGBTI. Hoy en día la capital de Colombia cuenta con dos centros
comunitarios que atienden a las personas LGBTI, junto con sus familias y redes
de apoyo que muchas ocasiones manifiestan sentirse desorientadas ante los actos
de discriminación que ocurren en la ciudad.
El 98% las personas lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas, han sido discriminadas o sus derechos vulnerados; el 67,6%
señala que la discriminación es debida a la orientación sexual o identidad de
género y las personas transgeneristas son quienes tienen un mayor número de
situaciones (32,62%) han percibido discriminación de sus derechos. Señala
igualmente el estudio que los principales agresores, cuando se presenta violencia
hacia las personas de los sectores LGBTI, son las personas cercanas (61%)
integrantes de la familia, amigos o conocidos, en contraste con el bajo porcentaje
(16%) que perciben a personas particulares como una fuente de agresión.
Es de destacar que cerca del 8% de las personas de los
sectores LGBTI declara que han sufrido alguna agresión por parte de servidoras
y servidores públicos. El 80% de estas personas se sienten inseguras en sitios públicos,
donde los gays (88,23%) y las personas transgeneristas (87,23%) presentan los
porcentajes más altos. Otros de los datos revelaron que el 20% de la ciudadanía
considera que estas personas son un riesgo para la comunidad.
El estudio también evidencio irregularidades en el
procedimiento de policía aplicado a las personas de los sectores LGBTI que en
algún momento fueron detenidos por las autoridades. Las personas
transgeneristas han experimentado más detenciones con un 40%, sin que exista un
debido proceso asociado con efectuar detenciones con orden judicial; y para cerca
del 30% se produjo uso de violencia; más de la mitad de gays detenidos manifestó
haber experimentado diversas formas de violencia.
La Corte Constitucional ha emitido más de 140 sentencias
relacionadas con la comunidad LGBTI en las cuales se han tocado temas tan
sensibles como el reconocimiento del matrimonio igualitario, la adopción
igualitaria, el reconocimiento a las parejas homoparentales y homomaternales.
Estado y el Distrito deben ser garantes de los derechos de
las personas LGBTI, buscar la restitución de los mismos en caso de que hayan
sido vulnerados, y además propender porque no vuelvan a suceder estos actos de
discriminación.
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